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[ Servicio ]
INFIEL MX · Investigación privada
Documentación de concubinato no informado, ingreso oculto o incumplimiento de convenio, con expediente preparado para juzgado. Tarifa publicada desde MX$32,000.
[ 01 — El servicio ]
Investigación privada / Querétaro
El divorcio se resolvió; lo que se resolvió alrededor de él sigue vivo. Alimentos, guarda y custodia y régimen de convivencia son resoluciones que pueden modificarse cuando cambian las circunstancias que las fundaron, y esa modificación se pide aportando prueba del cambio. Esta línea documenta hechos posteriores a la sentencia o al convenio —un concubinato no informado, un ingreso que no se declaró, un incumplimiento reiterado— con el expediente armado para que un abogado lo presente. Plazo declarado de 14 a 30 días y tarifa publicada desde MX$32,000.
[ Qué se entrega ]
[ 02 — Qué incluye ]
08 puntos
[ 03 — Modalidades ]
05
Documentación de una convivencia estable y pública no declarada, cuando esa situación incide en la subsistencia o el monto de una pensión pactada.
Verificación documental de actividad económica no informada, a partir de registros públicos y de conducta observable, no de datos reservados.
Registro de incumplimientos reiterados del régimen de convivencia o de las obligaciones pactadas, con fechas y secuencia, no con una queja general.
Para casos donde importa acreditar un patrón sostenido en el tiempo y donde el paquete Premium declara incluir peritaje y anexos legales.
En estados sin equipo propio, la plataforma declara coordinación con investigadores locales. Pregunta quién ejecuta, con qué autorización opera y quién firma el entregable.
[ 04 — Para quién ]
El dispositivo cambia según el inmueble: no es lo mismo un acceso residencial que un andén de carga. La consigna se escribe para el sitio, no en general.
[ 05 — Cómo se implementa ]
06 pasos
Se expone qué quedó pactado, qué cambió y qué se quiere modificar. Ahí se decide si hay caso documentable o si el hecho es irrelevante para lo pactado.
El paso que define todo lo demás. Qué se va a acreditar, con qué método y hasta dónde llega la observación sin invadir la esfera privada.
Alcance, plazo, jornadas, entregables y tarifa por escrito. El método declarado en el contrato es lo que después sostiene el expediente.
Primera capa de trabajo sobre registros públicos y huella digital accesible, antes de comprometer jornadas de campo.
Documentación de conducta observable en lugares públicos, con registro cronológico en curso y material referido a él.
Ordenamiento del material, redacción de hallazgos y conclusión, y entrega al cliente para que su abogado integre lo que corresponda.
[ 06 — Errores frecuentes ]
07
Es el malentendido que ordena todo este servicio. Desde que el divorcio sin expresión de causa se generalizó, no hace falta acreditar una causal para disolver un matrimonio: basta la voluntad de uno de los cónyuges. La infidelidad, que durante décadas fue el objeto central de la prueba en materia familiar, dejó de ser necesaria para el trámite que la gente todavía asocia con ella.
Donde la documentación sí pesa es en lo que se resuelve alrededor del divorcio, y ahí sigue pesando mucho: guarda y custodia, alimentos, compensación, régimen patrimonial y el cumplimiento de los convenios ya firmados. Esa es la diferencia práctica entre esta línea y la de investigación de infidelidad de pareja, que documenta una sospecha antes de tomar una decisión. Aquí la decisión ya se tomó y lo que se documenta es un hecho posterior con efecto sobre algo pactado.
Ese cambio de objeto tiene una consecuencia inmediata en el encargo. No se contrata para saber qué hace la otra parte, sino para acreditar un hecho que toca una cláusula concreta. Todo lo que no toque una cláusula es material que se paga y no se usa.
Alimentos y custodia son resoluciones modificables. Se fijaron sobre un conjunto de circunstancias (capacidad económica, necesidad, arreglo de convivencia, situación de cada progenitor) y cuando esas circunstancias cambian de forma relevante, lo resuelto puede cambiar con ellas. La modificación se pide por la vía procesal que corresponda y se sostiene aportando prueba del cambio, no relatándolo.
Eso es exactamente lo que esta línea produce: la prueba del cambio. El orden importa. Primero se identifica qué circunstancia fundó lo que hoy se quiere modificar; después se define qué hecho demostraría que esa circunstancia ya no es la misma; y sólo entonces se diseña el operativo que puede documentarlo. Invertir ese orden (salir a campo primero, ver qué aparece después) produce carpetas gruesas y promociones débiles.
| Escenario | Qué se documenta | Sobre qué incide |
|---|---|---|
| Concubinato no informado | Convivencia estable y pública no declarada, con continuidad en el tiempo | Subsistencia o monto de una pensión pactada |
| Ingreso oculto | Actividad económica no informada, a partir de registros públicos y conducta observable | Capacidad económica sobre la que se fijó el monto |
| Incumplimiento de convenio | Incumplimientos reiterados del régimen de convivencia o de lo pactado, con fechas | Régimen de convivencia y cumplimiento del convenio |
Alcance, plazo de 14 a 30 días y tarifa desde MX$32,000 son declaraciones publicadas por INFIEL MX, consultadas el 26 de agosto de 2026. El formato de 30 días es el que la plataforma describe con peritaje y anexos legales incluidos; si la evidencia central del caso es digital, esa capa se trabaja como la describe la línea de forense digital y peritaje informático, y el dictamen lo firma un perito, no el investigador.
Los tres escenarios comparten una característica que conviene tener presente al cotizar: ninguno se acredita con una imagen. Los tres piden continuidad documentada, que es una función del plazo y no de la suerte del operativo.
En materia de custodia y convivencia el criterio rector es el interés superior de la niñez. Suena abstracto y es la regla más operativa de toda esta página, porque decide qué prueba entra y cuál se rechaza.
Documentar el entorno en el que está el menor (quién lo cuida en la práctica, en qué condiciones se realizan las convivencias, si el arreglo pactado se cumple) aporta a esa valoración. Documentar la vida privada del otro adulto, en cambio, rara vez aporta: quien la presenta suele creer que desacreditar al excónyuge equivale a favorecer al menor, y en la práctica el efecto tiende a ser el contrario, porque revela un interés que no es el del niño.
La consecuencia comercial es directa. Antes de contratar, la pregunta que separa un expediente útil de uno caro es sencilla: ¿esto que voy a pedir describe el entorno del menor, o describe con quién sale mi expareja? La respuesta cambia el alcance, el costo y el resultado.
La prueba obtenida por un medio ilícito puede excluirse, y cuando se excluye no cae sola: arrastra el planteamiento que se construyó sobre ella y deja al promovente en peor posición que si no hubiera aportado nada. En esta línea eso importa más que en ninguna otra del catálogo, porque el material se produce para entrar a un expediente judicial.
Los límites no dependen del proveedor ni de su autorización. Intervenir comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial es delito, con pena de seis a doce años de prisión conforme al artículo 177 del Código Penal Federal. Acceder a un teléfono, un correo o una cuenta ajena sin autorización de su titular es otro delito distinto, aunque la relación haya sido de pareja y el equipo haya estado en la misma casa. Consultar registros oficiales reservados tampoco es un servicio contratable.
Lo que sí puede hacerse está descrito y es suficiente para los tres escenarios: fuentes abiertas, verificación documental sobre registros públicos y observación de conducta en lugares públicos, con bitácora, fechas y método declarado. Por eso conviene que el abogado del caso participe antes de la primera jornada. No para que el despacho ejecute sus instrucciones, sino porque la vía procesal elegida determina qué prueba es pertinente, y esa decisión es jurídica.
Tres cosas, y ninguna admite promesa verbal. El documento de autorización de seguridad privada, con número, modalidad y vigencia, cotejado contra la razón social que va a facturar. El nombre, la cédula profesional y la lista del poder judicial en que está inscrito el perito que firmaría el dictamen, si el caso lo va a necesitar; las certificaciones que se declaran sin folio ni número no se dan por buenas aquí y no deberían darse por buenas en una contratación. Y el método por escrito en el contrato: si no se puede describir cómo se va a obtener la información, es porque no se va a poder sostener después.
Para lo que sigue al expediente —el acompañamiento legal, terapéutico o de mediación que casi siempre acompaña a un caso de familia—, la línea de red legal, psicológica y de mediación describe cómo se canaliza. Y el criterio completo de verificación del ramo, con lo que la ley permite y lo que no, está en el rubro de investigación privada.
Plazos, tarifas, alcances y cobertura descritos en esta página son declaraciones de INFIEL MX, consultadas el 26 de agosto de 2026. TuSeguridad no las verificó ni participa en la contratación, y esta página no constituye asesoría jurídica sobre un caso concreto. Pide la autorización de seguridad privada con número, modalidad y vigencia, verifica por tu cuenta la cédula y la inscripción del perito que firmará el dictamen, y deja que el abogado del asunto defina la estrategia probatoria antes de la primera jornada.
[ 08 — Glosario ]
Vocabulario del gremio. Saber qué significa cada término es la diferencia entre comparar propuestas y comparar precios.
Fotografía de referencia del rubro. No corresponde a instalaciones de la empresa.
[ 09 — Preguntas frecuentes ]
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La plataforma publica una tarifa desde MX$32,000 para esta línea, en pesos mexicanos con IVA incluido, según su sitio consultado el 26 de agosto de 2026. Conviene confirmar la vigencia del precio y pedir el desglose por jornadas antes de firmar.
El plazo declarado va de 14 a 30 días según el alcance. El formato de 30 días es el que la plataforma describe con peritaje y anexos legales incluidos. Ese plazo debe quedar escrito en el contrato.
No. El divorcio sin expresión de causa no exige acreditar una causal. La evidencia pesa en lo que se resuelve alrededor del divorcio —guarda y custodia, alimentos, compensación y convenios—, no en la disolución del matrimonio en sí.
Los alimentos y la custodia son resoluciones modificables cuando cambian las circunstancias que las fundaron. La modificación se pide por la vía procesal que corresponda, aportando prueba del cambio. Qué vía y con qué planteamiento lo define el abogado del caso.
Los tres escenarios que la plataforma declara son concubinato no informado, ingreso oculto e incumplimiento de convenio. En los tres, lo que se acredita es un hecho con efecto sobre una cláusula concreta, no la vida privada de la otra parte.
No sin autorización de su titular. Intervenir comunicaciones privadas sin mandato judicial es delito, con pena de seis a doce años de prisión conforme al artículo 177 del Código Penal Federal, y acceder a dispositivos o cuentas ajenas sin autorización también lo es. Un proveedor que lo ofrece expone a quien lo contrata.
Puede servir si se obtuvo por medios lícitos y se documentó con método y trazabilidad. La prueba obtenida por medio ilícito puede excluirse, y con ella suele caerse el planteamiento que la usaba. Por eso el método se define antes del operativo y no después del reporte.
No, y la distinción es la que decide qué se admite. El criterio rector en custodia y convivencia es el interés superior de la niñez, de modo que pesa lo que describe el entorno en el que está el menor. Lo que solo desacredita al otro adulto suele quedar fuera.
No. Describir cómo funciona el terreno probatorio no es asesoría jurídica del caso. La estrategia —qué se pide, por qué vía y con qué prueba— la define el abogado que lleva el asunto, y conviene involucrarlo antes de contratar el operativo.
Es un desenlace frecuente y tiene valor propio, porque cierra una duda que estaba costando dinero y decisiones. Pide por escrito, antes de la primera jornada, si en ese escenario se entrega informe de descarte y qué ocurre con el plazo restante.
La plataforma declara operación propia en CDMX, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Puebla, y cobertura del resto del país mediante investigadores locales coordinados. Fuera de esas plazas conviene preguntar quién ejecuta y quién firma el entregable.
Pide su nombre, su número de cédula profesional y la lista del poder judicial en la que está inscrito, y cotéjalos tú antes de contratar. Este directorio no da por verificadas certificaciones que no vienen con folio, número o documento que las respalde.
El convenio o la sentencia, el hecho concreto que se quiere acreditar y lo que ya sabes sobre rutinas, domicilios y actividad de la contraparte. Mientras más precisa sea esa información, menos jornadas de campo hacen falta.
[ 10 — Más de esta empresa ]
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01 Investigación privada / Querétaro
Operativo de campo con documentación fotográfica y de video, bitácora con horario y reporte ejecutivo de cierre. Plazo de 72 horas a 30 días según el paquete.
02 Investigación privada / Querétaro
Análisis de evidencia digital con cadena de custodia y sello de tiempo, para casos cuya prueba central es un dispositivo o una cuenta, no una fotografía de campo.
03 Investigación privada / Querétaro
Verificación previa al matrimonio: identidad, trayectoria declarada, relaciones previas y situación patrimonial a partir de registros públicos. Plazo declarado de 10 días.
04 Investigación privada / Querétaro
Servicio recurrente de verificaciones periódicas y reporte mensual consolidado, pensado para el periodo posterior a una reconciliación. Renovación mes a mes.
05 Investigación privada / Querétaro
Buscador por ciudad y categoría de investigadores privados, peritos forenses, abogados de familia, psicólogos y mediadores, con niveles de verificación declarados y tarifas publicadas.
06 Investigación privada / Querétaro
Canalización a abogados de familia, terapeutas de pareja, especialistas en trauma y mediadores certificados, para lo que viene después de confirmar o descartar una sospecha.
07 Investigación privada / Querétaro
Membresía para investigadores, peritos, abogados, psicólogos y mediadores, con cupo limitado por categoría y municipio y planes desde presencia verificada hasta exclusividad de plaza.
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