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[ Servicio ]
INFIEL MX · Investigación privada
Análisis forense de dispositivos con consentimiento, hash SHA-256 y sello de tiempo e informe pericial con cadena de custodia. Tarifa publicada desde MX$22,000.
[ 01 — El servicio ]
Investigación privada / Querétaro
En un caso cuya prueba central es digital, lo que decide su valor no es el hallazgo sino la trazabilidad, es decir, cómo se adquirió el dispositivo, quién lo tuvo en su poder y con qué documentación se preservó. Esta línea de servicio trabaja sobre equipos y cuentas con consentimiento de su titular —o con autorización judicial— y sobre fuentes abiertas cuando ese consentimiento no existe. Cierra con un informe pericial que declara método, hash de las imágenes obtenidas y cadena de custodia. El plazo declarado es de 5 a 10 días y la tarifa publicada arranca en MX$22,000.
[ Qué se entrega ]
[ 02 — Qué incluye ]
09 puntos
[ 03 — Modalidades ]
05
El escenario más simple. El equipo pertenece a quien contrata y el análisis se hace sobre su propia información, sin terceros involucrados en la autorización.
Para equipos compartidos o de un tercero que acepta el peritaje. El consentimiento se documenta antes de la adquisición, no después del hallazgo.
Cuando un juzgado autoriza el acceso o designa perito, el trabajo se ajusta a los términos del acuerdo y el dictamen se rinde ante la autoridad.
Cuando no hay consentimiento ni orden judicial, lo único que queda es lo público. Es más limitado, es legal por definición y muchas veces basta para decidir.
La plataforma declara incluir este alcance en su paquete Premium de 30 días, para casos cuyo destino es una audiencia y no una decisión personal.
[ 04 — Para quién ]
El dispositivo cambia según el inmueble: no es lo mismo un acceso residencial que un andén de carga. La consigna se escribe para el sitio, no en general.
[ 05 — Cómo se implementa ]
06 pasos
Se define qué dispositivo o cuenta se va a analizar, quién es su titular y con qué base legal. De ahí sale si hay peritaje posible o no.
Entrega documentada del equipo, con registro de su estado al recibirlo. Es el primer eslabón de la cadena de custodia y el que más se descuida.
Obtención de la copia de trabajo y registro de su huella criptográfica y su sello de tiempo, según el método declarado por la empresa.
Búsqueda de mensajes, archivos, aplicaciones y metadatos sobre la imagen obtenida, nunca sobre el equipo original.
Antecedentes, método, herramientas empleadas, hallazgos y conclusión, con la distinción explícita entre lo constatado y lo inferido.
Revisión del informe con el cliente y, cuando el caso va a juzgado, con el abogado que lo va a ofrecer como prueba.
[ 06 — Errores frecuentes ]
07
En un expediente de campo, lo que convence es la secuencia. En uno digital, lo que convence es la trazabilidad. Un mensaje comprometedor en una captura de pantalla reenviada por WhatsApp no prueba casi nada, porque llega sin origen verificable, sin fecha comprobable y sin forma de descartar que se editó. El mismo mensaje, extraído de una copia forense con huella criptográfica y sello de tiempo, y descrito en un informe que declara cómo se obtuvo, es otra cosa.
Esa diferencia se juega entera al principio, en un tramo que casi nadie mira al cotizar: cómo se recibió el dispositivo, quién lo tuvo, qué se hizo antes de tocarlo. Un análisis brillante sobre un equipo que estuvo tres semanas circulando de mano en mano no se puede reparar después con más análisis.
Es la primera pregunta y la que decide si hay servicio que contratar. La regla general en México es que el análisis forense legítimo requiere consentimiento del titular del dispositivo o autorización judicial. Sin una de las dos, no hay peritaje posible, por más que el equipo esté en la misma casa.
| Escenario | Base para el análisis | Qué se puede documentar |
|---|---|---|
| Dispositivo propio de quien contrata | Titularidad del equipo | Contenido íntegro, incluida recuperación de material eliminado |
| Equipo compartido o de un tercero que acepta | Consentimiento escrito del titular, previo a la adquisición | El alcance que el propio consentimiento delimite |
| Dispositivo de la contraparte | Solo con autorización judicial | Lo que el acuerdo de la autoridad autorice expresamente |
| Equipo corporativo asignado a un empleado | Política interna y aviso de privacidad que el trabajador conoció | Uso del equipo dentro de lo que esa política previó |
| Perfiles y publicaciones abiertas | Fuentes abiertas, sin autorización especial | Lo público, con su fecha de consulta documentada |
Fuera de esa tabla no hay zona gris, hay delito. Acceder a un correo o a una cuenta ajena sin autorización de su titular es una conducta sancionada, e intervenir comunicaciones privadas sin mandato judicial tiene pena de seis a doce años de prisión conforme al artículo 177 del Código Penal Federal. Un proveedor que ofrece clonar un teléfono no está ofreciendo una capacidad superior, sino material que un juzgado puede excluir y una exposición penal que alcanza a quien lo pagó. La misma frontera se explica, del lado del trabajo de campo, en la página de investigación de infidelidad de pareja.
INFIEL MX declara documentar su trabajo conforme a la ISO/IEC 27037. Conviene explicar qué es, porque el nombre suele usarse en el ramo como si fuera un sello. Es una norma internacional de referencia que describe cómo identificar, recolectar, adquirir y preservar evidencia digital, y su aporte práctico es fijar un método reproducible para los primeros pasos, que son los que más pruebas arruinan.
Lo que no es, es una acreditación de empresa. Que un despacho trabaje siguiendo la norma es una declaración sobre su método, verificable leyendo el informe y viendo si describe adquisición, resguardo y verificación de integridad. Este directorio no reproduce como hecho comprobado ninguna certificación, licencia ni registro que no venga con folio y vigencia, y esta página no es la excepción.
El alcance declarado del servicio incluye recuperación de mensajes y archivos borrados, identificación de aplicaciones de citas activas y análisis de metadatos y de ubicación. Vale la pena leer eso con realismo técnico, porque es donde más expectativas se rompen.
Recuperar material eliminado es posible mientras el espacio que ocupaba no se haya sobrescrito. Un teléfono que se sigue usando a diario sobrescribe constantemente, y el cifrado de los sistemas modernos limita lo que se puede leer fuera del propio equipo desbloqueado. Los metadatos, por su parte, no siempre existen: muchas plataformas de mensajería los eliminan al comprimir una imagen, de modo que el archivo que circuló ya no conserva la fecha ni las coordenadas del original.
La conclusión práctica es doble. Primero, el tiempo juega en contra desde el día uno. Segundo, un proveedor que promete recuperar todo sin haber visto el dispositivo está vendiendo una expectativa, no un método; el que dice «esto depende de qué conserve el equipo y lo sabré al adquirirlo» está describiendo el trabajo real.
En este ramo se compran tres cosas que suelen confundirse en una sola cotización: el análisis técnico, el informe que lo describe y el dictamen pericial que puede ofrecerse como prueba. Los dos primeros los produce cualquier despacho competente. El tercero lo firma un perito con cédula profesional, inscrito en la lista de peritos del poder judicial que corresponda, y con frecuencia se factura aparte.
INFIEL MX declara que su paquete Premium de 30 días incluye peritaje certificado y anexos legales. Si tu caso va a un juzgado, esa es la línea que importa, y la pregunta concreta antes de firmar es quién firma. Pide nombre, número de cédula y lista de inscripción de la persona que rendirá el dictamen, y cotéjalos con la autoridad emisora antes de contratar, no cuando el informe ya esté entregado. El criterio completo para revisar a cualquier despacho del ramo está en el rubro de investigación privada.
Tres decisiones baratas que cambian el resultado. La primera es dejar de usar el equipo en cuanto se decide analizarlo, y no intentar recuperar nada por cuenta propia: cada aplicación instalada y cada búsqueda hecha para «ver si todavía está» escriben datos nuevos encima de los que se quieren rescatar. La segunda es documentar la entrega, con constancia de fecha, estado del equipo y quién lo recibe. La tercera es definir el destino antes de empezar, porque no es el mismo trabajo resolver una duda personal que armar una prueba para una audiencia, y decidirlo después casi siempre obliga a rehacerlo.
Si lo que sigue al análisis es un procedimiento familiar, la línea de investigación post-divorcio para pensión y custodia cubre lo que se documenta después de una sentencia o un convenio. Para ubicar al perito o al abogado que llevará el caso, el directorio de investigadores y peritos verificados permite filtrar por plaza y por categoría. La contratación se hace desde el sitio de la empresa; este directorio no participa en ella.
Plazos, tarifas, alcances y método descritos en esta página son declaraciones de INFIEL MX, consultadas el 26 de agosto de 2026. TuSeguridad no las verificó ni participa en la contratación. Antes de entregar un dispositivo, pide la autorización de seguridad privada con número, modalidad y vigencia, y —si la evidencia va a un juzgado— el nombre, la cédula y la lista de inscripción del perito que firmará el dictamen.
[ 08 — Glosario ]
Vocabulario del gremio. Saber qué significa cada término es la diferencia entre comparar propuestas y comparar precios.
Fotografía de referencia del rubro. No corresponde a instalaciones de la empresa.
[ 09 — Preguntas frecuentes ]
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La plataforma publica una tarifa desde MX$22,000 para su servicio de forense digital, en pesos con IVA incluido según su sitio, consultado el 26 de agosto de 2026. El precio final depende del alcance, y conviene confirmar la vigencia de esa tarifa antes de contratar.
El plazo declarado es de 5 a 10 días. Depende del tipo de dispositivo, del volumen de información y de si hay recuperación de material eliminado. Ese plazo debe quedar escrito en el contrato.
No. El análisis forense legítimo requiere el consentimiento del titular del dispositivo o una autorización judicial. Acceder a un equipo o a una cuenta ajena sin autorización es delito, y la intervención de comunicaciones privadas sin mandato judicial se castiga con seis a doce años de prisión conforme al artículo 177 del Código Penal Federal.
Conviene preverlo por escrito antes de la adquisición. Un consentimiento retirado no borra el trabajo ya realizado, pero sí puede complicar el uso posterior del material, así que el alcance y la vigencia de esa autorización deben quedar delimitados desde el inicio.
A veces. La recuperación depende de si el espacio fue sobrescrito, del sistema operativo, del cifrado del equipo y del tiempo transcurrido. Un proveedor serio plantea la recuperación como una posibilidad técnica acotada, nunca como un resultado garantizado.
Puede servir si el acceso fue lícito y la evidencia se documentó desde la adquisición. Lo que sostiene una prueba digital es la trazabilidad, no lo contundente del hallazgo. Si va a ofrecerse en un procedimiento, pide que lo firme un perito con cédula profesional inscrito en la lista del poder judicial correspondiente.
Es el registro de quién tuvo la evidencia en cada momento, desde que se recibió el dispositivo hasta que se entregó el dictamen. Importa porque su ruptura es el argumento más frecuente de la contraparte para pedir que la prueba se excluya.
La empresa declara calcular una huella criptográfica de la imagen forense al momento de la captura y registrar un sello de tiempo verificable. Juntos permiten demostrar que el material analizado es el mismo que se adquirió y que se obtuvo en la fecha señalada.
Esta ficha no acredita certificación alguna. La ISO/IEC 27037 es una norma internacional de referencia para identificar, adquirir y preservar evidencia digital, y la empresa declara documentar su trabajo conforme a ella. Es un estándar de método, no una acreditación, y cualquier certificación que se invoque debe mostrarse con folio y vigencia.
No. El divorcio sin expresión de causa no exige acreditar una causal. La evidencia digital pesa en lo que se discute alrededor del divorcio, como custodia, alimentos, compensación o el cumplimiento de un convenio, y no en la disolución del matrimonio en sí.
Es la pregunta correcta y se responde con un documento. Desde marzo de 2025 rige una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y el INAI dejó de existir. Pide el aviso de privacidad aplicable al expediente, el plazo de conservación del material y el protocolo de borrado por escrito.
La plataforma declara operación propia en CDMX, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Puebla, y cobertura del resto del país mediante investigadores locales coordinados. En esos casos conviene preguntar quién recibe el dispositivo, dónde se resguarda y quién firma el informe.
[ 10 — Más de esta empresa ]
Ver los 08 servicios →
01 Investigación privada / Querétaro
Operativo de campo con documentación fotográfica y de video, bitácora con horario y reporte ejecutivo de cierre. Plazo de 72 horas a 30 días según el paquete.
02 Investigación privada / Querétaro
Verificación previa al matrimonio: identidad, trayectoria declarada, relaciones previas y situación patrimonial a partir de registros públicos. Plazo declarado de 10 días.
03 Investigación privada / Querétaro
Documentación de hechos que inciden en un convenio ya firmado: concubinato no declarado, ingreso no informado o incumplimiento de régimen de convivencia.
04 Investigación privada / Querétaro
Servicio recurrente de verificaciones periódicas y reporte mensual consolidado, pensado para el periodo posterior a una reconciliación. Renovación mes a mes.
05 Investigación privada / Querétaro
Buscador por ciudad y categoría de investigadores privados, peritos forenses, abogados de familia, psicólogos y mediadores, con niveles de verificación declarados y tarifas publicadas.
06 Investigación privada / Querétaro
Canalización a abogados de familia, terapeutas de pareja, especialistas en trauma y mediadores certificados, para lo que viene después de confirmar o descartar una sospecha.
07 Investigación privada / Querétaro
Membresía para investigadores, peritos, abogados, psicólogos y mediadores, con cupo limitado por categoría y municipio y planes desde presencia verificada hasta exclusividad de plaza.
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